Los defraudadores, narcotraficantes y enemigos varios de la Agencia Tributaria van a tener en breve un nuevo enemigo: los drones. El Ministerio de Hacienda va a incorporar a su flota hasta dos aviones no tripulados que supondrán a los inspectores un nuevo método para poder vigilar y detectar desde el aire prácticas irregulares. Se desplegarán por toda España, allá donde sea necesario, aunque tendrán trabajo más intensivo en zonas consideradas sensibles.
La Agencia Tributaria va a comenzar a formar a un selecto grupo de sus funcionarios en el manejo de estos drones. Para ello ha contratado los servicios de la firma Aerotools, una compañía que ya trabaja con algunas empresas en el pilotaje de estos pequeños aparatos que sobrevuelan instalaciones y son controlados por el operario desde un punto fijo a través de una cámara de visión. Esta empresa, por ejemplo, se encarga de inspeccionar las infraestructuras diseñadas y ejecutadas por Ferrovial, como los grandes puentes ferroviarios.
Fuentes de Hacienda explican que los nuevos drones de la Agencia Tributaria serán utilizados por los funcionarios adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera y que estarán a disposición de los servicios centrales para ser empleados donde estimen oportuno. Los puntos calientes donde, previsiblemente, serán principalmente operados estos aparatos voladores son la frontera de Andorra y la zona del estrecho de Gibraltar.
Los drones del Fisco, en definitiva, no tendrán un destino único, pero sí una utilidad exclusiva: la lucha contra el fraude, perseguir el contrabando, ayuda en investigaciones en marcha y prevención del blanqueo en toda España. Estas prácticas delictivas son más habituales en lugares como las proximidades de Andorra y la zona de La Línea de la Concepción o Algeciras, de forma que serán allí donde más horas vuelen.
Los conocidos drones del Catastro
Los nuevos drones de la Agencia Tributaria no son los únicos que están a disposición de los servicios de inspección. Y es que los funcionarios del Catastro llevan ya varios años rastreando cientos de municipios desde el aire con el objetivo de encontrar viviendas irregulares o construcciones sin declarar. Así, Hacienda se garantiza que los propietarios paguen los impuestos que les corresponden, como el de Bienes Inmuebles (IBI), así como tasas o licencias, o el de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es decir, lo que se conoce como plusvalía municipal.
En la campaña desplegada por Hacienda en 2016, el Catastro logró aflorar para la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 1,7 millones de inmuebles no declarados. A saber, ampliaciones de la vivienda, cerramientos de terrazas, construcciones suplementarias al domicilio principal, metros de jardín rascados ilegalmente o simplemente piscinas realizadas sin notificar al Ayuntamiento en cuestión.
