La Agencia Tributaria empeoró ligeramente sus resultados en la lucha contra el fraude en 2017. Sus cifras de control y prevención cayeron hasta los 14.793 millones, 91 millones menos que en el año anterior, un 0,6%. Se trata del segundo ejercicio consecutivo en el que las cantidades bajan tras haberse casi duplicado durante la crisis.
Estos ingresos habían ido mejorando considerablemente desde los años 2007 y 2008, cuando con unos 2.000 efectivos más y en medio de la burbuja inmobiliaria solo se obtenían unos 8.000 millones a pesar de la enorme economía sumergida que existía en el ladrillo. Sin embargo, parece que ahora la labor de la Agencia ha encontrado una especie de techo y encadena dos años seguidos de descensos. En 2015 se recaudaron por estos conceptos 15.664 millones, y en 2016 se embolsaron 14.883 millones. La estadística no solo incluye lucha contra el fraude, sino también comprobaciones en las que hay errores o diferencias de criterio.
El director de la Agencia, Santiago Menéndez, ha defendido que estos guarismos suponen un incremento del 3,5% respecto a la media de los tres años anteriores. «Los resultados consolidan la evolución al alza de los últimos años», ha dicho. Fuentes de la Agencia insisten en que esta labor no se puede valorar simplemente por los números de un ejercicio determinado y que lo importante es destacar la trayectoria.
El descenso ocurre a pesar de que las actuaciones inspectoras y de comprobación han aumentado un 8,35%, desde los 108.338 millones de 2016 hasta los 117.380 millones, según los datos publicados este lunes. En 2007 se daban 71.950, señala la Agencia.
En cuanto al plan de visitas, se produjeron 32.215 actuaciones presenciales, un 31,54% más de controles in situ que en 2016 pese a contar con la misma plantilla. De ellas, 14.698 fueron por el Plan de Visitas IVA 2017. Según explica la Agencia, el incremento es fruto de centrar más los esfuerzos en esta nueva iniciativa para fiscalizar el IVA en sectores de riesgo. «Se percibe ya un primer efecto inducido de las campañas en los contribuyentes afectados por las visitas, que han elevado en más de un 10% el importe de sus liquidaciones de IVA presentadas tras el inicio de la campaña», apunta.
El fisco recuerda que, además, mantiene el plan de alquileres no declarados, una campaña específica de visitas a domicilios con indicios de estar arrendados sin declarar. Por otra parte, la Agencia ha remitido 136.600 avisos de datos fiscales a contribuyentes con la consideración de presuntos arrendadores en la declaración de la renta de 2016. Muchas veces estas notificaciones se hacen por la información obtenida de portales de alquiler en internet. Fruto de estos requerimientos de los últimos dos ejercicios, se han recabado 522 millones en alquileres declarados, un 40,5% más que en la Renta de 2014.
Respecto al uso de nuevas herramientas informáticas basadas en el big data aplicado a grandes patrimonios, la Agencia Tributaria sostiene que con esos instrumentos de volcado de información y rastreo ha conseguido liquidar 332,8 millones. Se han detectado «planificaciones fiscales agresivas, sociedades interpuestas, poder adquisitivo no acorde con lo declarado y activos en el exterior», dice.
Gracias a la amnistía fiscal, la declaración voluntaria de bienes en el extranjero, los acuerdos de intercambio de información y otra documentación como los papeles de Panamá, la Agencia dispone de nuevos datos. Y reconoce que con estos ha elaborado una suerte de censo de perfiles de riesgo susceptibles de ser investigados. Precisamente a este grupo, todos con más de 10 millones de patrimonio o considerados relevantes, se le están aplicando estas nuevas tecnologías.
Después de años ininterrumpidamente al alza, la deuda pendiente de cobro se redujo por tercer año consecutivo y se sitúa en los 42.365 millones frente a los 50.226 registrados en 2014. Solo en 2017 ha disminuido en 3.500 millones de euros. De estos pasivos, el 65% están suspendidos por recursos, el 25% en proceso concursal y, en definitiva, solo se puede actuar sobre el 10%, recuerdan fuentes de Hacienda. La Agencia Tributaria argumenta que ha podido bajar esa deuda gracias a las derivaciones de responsabilidad a terceros distintos del deudor principal; medidas cautelares que evitan los vaciamientos patrimoniales; las investigaciones del patrimonio; la campaña de control de deuda en fase de embargo y las mejoras de gestión. En especial las medidas cautelares han crecido un 8% hasta las 4.146.
La dirección de la administración tributaria subraya el positivo papel que ha desempeñado la publicación de la lista de morosos. A partir de un análisis de los deudores del listado de diciembre de 2015, la deuda pendiente en periodo ejecutivo ha descendido en 1.400 millones en 2016 y en casi 1.200 millones en 2017.
Hacienda tiene limitados los pagos en efectivo hasta los 2.500 euros. Para vigilar su cumplimiento, la Agencia ha abierto 7.497 expedientes de análisis de denuncias en 2017, un 3,24% más que en el ejercicio precedente. Y estos procesos se tradujeron en 1.018 millones de expedientes sancionadores, un 4,62% más que en 2016.
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