Desde el momento en el que entre en vigor la nueva Ley Crea y Crece, todos los autónomos estarán obligados a implementar la factura electrónica en sus negocios, aunque se espera que se apruebe algún plazo transitorio. Los expertos apuntan a que probablemente esté en vigor en 2023.
En 2023 no solo cambiará el sistema de cotización de los autónomos. Probablemente, también se producirá otra revolución, otra de las grandes reformas dirigidas al colectivo: la facturación electrónica. Se trata de una de las novedades incluidas dentro de la Ley Crea y Crece, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio y que, aunque en un principio se espera que entre en vigor en 2022, todo indica que se implantará a partir de 2023.
Esta normativa obligará a todos los autónomos y empresas a expedir y remitir facturas utilizando herramientas digitales para garantizar así una mayor trazabilidad y un control de los pagos. Se trata de una medida que preocupa a una gran parte de los autónomos, ya que si no desarrollan la factura digital en el plazo establecido en la ley podrían sufrir multas de hasta 10.000 euros.
La Ley Crea y Crece fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de junio
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanzó el año pasado el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia planteado por el Gobierno. Tras casi un año, el pasado 30 de junio fue aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial (“Crea y Crece”), una norma creada con el objetivo de impulsar la creación de empresas y luchar contra la morosidad comercial. En este último punto se incluye la implantación de la factura electrónica para todos los autónomos en sus relaciones comerciales, un recibo digital que, actualmente, sólo es obligatorio en aquellos trámites en los que los trabajadores por cuenta propia proveen o dan servicios a las administraciones públicas.
La ley incluye otra serie de medidas relevantes para autónomos y pymes, como la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro; la ampliación del catálogo de actividades económicas exentas de licencia; el refuerzo de las ventanillas en las que las empresas y negocios pueden reclamar cuando consideren que las Administraciones no cumplen con los principios de buena regulación económica; y la incorporación de medidas para mejorar los instrumentos de financiación alternativos, como los crowdfundings, la inversión colectiva y el capital de riesgo.
Será obligatorio implementar la factura electrónica en cuanto la ley entre en vigor
Uno de los pilares fundamentales de esta futura ley es la lucha contra la morosidad, ya que constituye una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, especialmente los autónomos y las pymes. La ley impulsará la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales para evitar la morosidad y para tener un mayor control fiscal -a tiempo real- de las facturas emitidas.
“La factura electrónica garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre las empresas y los autónomos, permitirá obtener información fiable y ágil para conocer los plazos efectivos de pago, requisito indispensable para poder reducir la morosidad de manera eficaz”, explicaron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. la otra ventaja, esta vez para Hacienda, es que la administración conocerá a tiempo real las facturas que se emiten.
Volviendo al problema del excesivo plazo en que los autónomos cobran su trabajo, el ministerio creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas. Tal y como informaron desde el Gobierno, lo previsto es que la implantación efectiva de la factura electrónica se facilite con los recursos previstos para la digitalización de las pymes en el Plan de Recuperación, en concreto a través del Programa Digital Toolkit, que incluirá la factura electrónica entre los productos y servicios subvencionables.
“Puede parecer que la transición a la factura electrónica vaya a dar dolores de cabeza a los autónomos, pero su aplicación tiene beneficios tanto para los autónomos como para las pymes. Esto sucederá, por ejemplo, en lo que se refiere a la reducción de la morosidad. Al contar con la información instantánea sobre los plazos de pago y poder determinar en consecuencia los periodos medios, se puede luchar contra la misma. Las pymes suelen ser las que más sufren el incumplimiento de los plazos de pago”, explicaron desde la asesoría Uning.
Otros beneficios que podrá suponer para los autónomos la implementación de la factura digital son la reducción de los costes de transacción, el incremento de la transparencia en el tráfico mercantil o la digitalización de los procesos, añadieron desde la asesoría.
Sanciones de hasta 10.000 euros para aquellos autónomos que no implementen la factura electrónica
Todos aquellos trabajadores autónomos que desarrollen una actividad por cuenta propia se verán obligados a implementar la factura electrónica desde el momento en el que la ley entre en vigor. Si bien es cierto que en un principio se espera que esto suceda durante los próximos meses de 2022, todo apunta a que la Ley Crea y Crece probablemente esté vigente a partir de 2023. Desde el momento de su entrada en vigor, los autónomos tendrán dos años para desarrollar este nuevo modelo de facturación en sus negocios.
En concreto, las empresas que facturen más de ocho millones de euros anuales tendrán un año para implementar esta normativa mientras que, el resto de empresas y negocios, dispondrán de un margen de dos años a partir de la fecha de publicación.
Aquellos autónomos que no cumplan con el tiempo señalado y no ofrezcan o faciliten la factura electrónica, podrán ser sancionados con hasta 10.000 euros de multa. Esto también impedirá que puedan acceder a subvenciones, ayudas y contrataciones públicas.
Los autónomos que prestan servicios a las administraciones públicas ya están obligados a trabajar con facturas electrónicas
Desde enero de 2015, los autónomos y pequeños negocios que presten servicios a las administraciones públicas están obligados a emitir facturas electrónicas. Sin embargo, hasta que no se haga efectiva la nueva Ley Crea y Crece, no será necesario que los trabajadores por cuenta propia formalicen sus recibos de manera digital si van a realizar actividades con otros autónomos o empresas. No obstante, es recomendable que los autónomos vayan formándose de cara al futuro para saber cómo debe configurarse una factura electrónica.
En el caso de aquellas que van destinadas a la Administración, pueden realizarse a través de un programa informático gratuito que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en su página web. Los trabajadores por cuenta propia, tal y como explican los organismos oficiales, pueden realizar los recibos electrónicos mediante cualquier programa informático que realice facturas o un prestador de servicios. En cualquiera de los casos, estas deberán ir firmadas con el certificado electrónico obligatorio que poseen los autónomos para otro tipo de trámites como la autoliquidación trimestral del IVA o la declaración del IRPF.
Según un estudio realizado por SERES, una empresa de servicios de intercambio electrónico que está especializada en facturas digitales, aproximadamente solo un 15% de autónomos y negocios usa facturas electrónicas en España. Datos alarmantes ante la futura obligatoriedad del uso de este tipo de documentos digitales que pone en la palestra a todos aquellos sectores que nunca han requerido facturas digitales para el desarrollo de sus actividades. En especial el primario, en el que solo un 3,65% del total ha implantado este sistema.
País Vasco ya ha implementado un sistema obligatorio de facturación electrónica
El pasado 1 de enero entró en vigor, por primera vez en España, la factura electrónica en la provincia de Álava. Este sistema permite a las haciendas vascas controlar telemáticamente cualquier cambio que los autónomos o negocios hagan en sus facturas. Sin embargo, los representantes de los comercios y hosteleros del territorio advierten que un 70% de los negocios desconoce cómo y cuándo implantar esta herramienta. Lo malo es que, de no aplicarse correctamente, puede conllevar sanciones de 20.000 a 40.000 euros. Los resultados que está teniendo la obligatoriedad de implementar la factura electrónica en el País Vasco auguran el futuro al que se enfrentarán los autónomos y pymes del resto del territorio nacional.
Aunque la implantación de la factura electrónica en Álava -también llamada Ticket BAI- se está haciendo de manera gradual y progresiva para los distintos sectores, desde la Federación de Comercio, Servicios y Hostelería de Álava (Arabadendak) -que representa a más de 850 establecimientos y autónomos de la provincia- afirmaron que “existe un desconocimiento preocupante por parte de todos los autónomos, comercios y establecimientos sobre cómo utilizar e implementar la factura electrónica”. En este sentido, la gerente de la federación, Emilia Sánchez, advirtió que el gasto que supone para los negocios concurre en un tiempo donde los problemas de costes han asfixiado a los autónomos, en especial a los de la hostelería y el comercio. Por ello, desde la federación solicitaron a la hacienda de Álava que aplace esta medida, algo que ya han hecho en Guipúzcoa y Vizcaya.
A esto se suma la complicación que supone para muchos autónomos la implantación de la factura electrónica, en especial para los más mayores, por la falta de conocimientos digitales. Por este motivo, hace unas semanas, la Diputación Foral de Álava anunció que los trabajadores por cuenta propia mayores de 60 años estarán exonerados de implantar este sistema que busca luchar contra la doble contabilidad y el fraude fiscal. Por el momento, el Gobierno estatal no ha anunciado si se tomarán medidas similares a las del País Vasco, permitiendo así que los autónomos que superen una edad concreta queden exentos de implementar la factura electrónica.
