El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 ha obtenido la aprobación del Congreso de los Diputados y a partir de ahora continuará con su tramitación en el Senado, donde no se esperan grandes cambios. Como viene siendo habitual en los últimos años, el Gobierno ha necesitado el apoyo de multitud de formaciones políticas, dada la atomización de nuestro Parlamento. En esta ocasión han sido necesarias once diferentes para sacar adelante el Proyecto, lo que lleva a un largo proceso negociador en el que se introducen diversas partidas para contentar a unos u otros y conseguir su apoyo.
Los Presupuestos han sido presentados como el instrumento que ayudará a conseguir una recuperación económica justa tras la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, para lo que contemplan la mayor inversión de la historia. Así, para acelerar la transformación económica las cuentas contemplan una inversión de cerca de 13.300 millones de euros en I+D+i, casi un 90% más que en 2020; de más de 11.300 millones para industria y energía; y más de 11.800 millones en infraestructuras y ecosistemas resilientes.
Al mismo tiempo, servirán para canalizar la inyección que suponen los fondos europeos, de los que a España corresponden 27.633 millones de euros el próximo año y que en gran medida se destinarán a inversión para la transición energética, la digitalización o la movilidad sostenible.
Pero no olvidemos que estas cifras son un presupuesto sobre el papel, y el papel lo aguanta todo. Ahora viene la parte más complicada, conseguir que esas previsiones se conviertan en proyectos reales, lo que no siempre es fácil, además de que desgraciadamente en España hemos tenido numerosas experiencias en las que los fondos disponibles quedaban sin utilizar en un porcentaje muy elevado, o se utilizaban en proyectos con escasa utilidad a largo plazo.
Estas malas experiencias anteriores han sido bastante habituales en lo que se refiere al reparto de fondos europeos, que para el próximo año supondrán casi la mitad de la inversión total prevista. La elevada fiscalización y control sobre estos fondos los hace ser en demasiadas ocasiones excesivamente complicados para las empresas españolas, que cuentan con un tamaño y estructura mucho menores que los de los otros grandes países de la Unión Europea.
Si a estas dudas sobre la capacidad para ejecutar las inversiones sumamos otras que están surgiendo, como la aparición de nuevas cepas del COVID que pueden prolongar la situación de pandemia; el alza del coste de las materias primas y de la energía, que está disparando la inflación a niveles casi olvidados en los países desarrollados; los continuos ajustes a la baja en las previsiones de crecimiento, que lastrarán los ingresos fiscales que se han estimado para elaborar los Presupuestos; las próximas reformas de la legislación laboral, que pueden generar tensiones en el mercado de trabajo cuando aún no se ha cerrado la recuperación del empleo prepandemia; la finalización de los plazos de carencia de los préstamos COVID avalados por el Estado, que pueden hacer aflorar una morosidad importante… Todo ello nos hace prever que el año 2022 no va a ser fácil para la economía y el mercado laboral, aunque no hay que ser totalmente pesimistas, sino estar preparados para solventar, o al menos minimizar, los efectos que todas estas amenazas puedan tener.
