Las organizaciones empresariales de los sectores más afectados instan a sus socios a denunciar para recuperar el sobrecoste generado por la medida.
La falta de acierto de la representación empresarial a la hora de elevar una consulta a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y la escasa flexibilidad de la normativa a la hora de encajar circunstancias no previstas de forma expresa en la Ley de Contratos Públicos, han derivado en una situación enrevesada que obligará a cientos de empresas contratistas del Estado a litigar con el Ministerio de Hacienda para defender su derecho a ser resarcidas por el cambio significativo en las condiciones de los contratos que gestionan, derivado de la decisión del Gobierno de subir un 22% el SMI en 2019 hasta los 900 euros.
Las empresas – con el respaldo de CEOE – defienden que debe ser la Administración del Estado la que sufrague el sobrecoste generado en los contratos públicos por la subida del salario mínimo de 736 a 900 euros, en los casos en que ese alza genere un cambio en las condiciones en que se adjudicó el servicio. No son pocos, advierten fuentes empresariales. La generalización del ‘factor precio’ como principal argumento a la hora de adjudicar los contratos públicos ha provocado subastas a la baja en los precios de los competidores, en la mayoría de los casos a costa del empleo o de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
CEOE ha peleado este extremo con el Gobierno, hasta el punto de trasladar al Ejecutivo que la no compensación de ese sobrecoste podría conducir a una parálisis en la prestación de algunos contratos públicos al avanzar las empresas que no podrían continuar prestando el servicio en esas circunstancias. Incluso el Ministerio de Hacienda ha considerado sensata esta reivindicación y ha mostrado su disposición a asumir la compensación de ese sobrecoste, con el asterisco – no irrelevante – de que no se hará de forma generalizada, sino chequeando caso por caso, y de se abordará únicamente cuando el impacto sobre la estructura de costes de personal del contrato sea relevante.
El problema ha venido en la forma de ejecutar esa compensación. A los contratistas afectados no les quedará otro remedio que denunciar sus contratos ante el órgano de contratación de turno para que el Estado les cubra los sobrecostes por la subida del Salario Mínimo después de que la Junta Consultiva haya cerrado la puerta a la posibilidad de resarcirlos de oficio, en una controvertida recomendación en la que identifica los cambios sobrevenidos en las tablas salariales previstas en los contratos como uno de los riesgos que asume la empresa en el momento en que se adjudica la gestión de un contrato público.
La Junta Consultiva se pronunció en esa resolución sobre el potencial escenario que se abriría en caso de un cambio en el convenio colectivo de la empresa adjudicataria o del sector en que opera la misma – porque así fue planteado por un grupo de organizaciones empresariales asociadas a la CEOE -, no sobre un cambio regulatorio determinado directamente por el Gobierno. Fuentes empresariales admiten que la falta de tino a la hora de plantear la cuestión les ha llevado a ese escenario de tener que denunciar sus contratos, ya que la resolución podría haber sido otra si hubieran preguntado por el efecto en los contratos de una medida del Gobierno.
El caso es que sin una resolución favorable de la Junta Consultiva el Gobierno ha trasladado a CEOE que no se ve con el soporte técnico suficiente como para abordar de oficio esa compensación que demandan las empresas contratistas y que será cada órgano de contratación el que analizará las situaciones una a una para determinar si corresponde o no compensar el impacto de la subida del SMI.
En otras palabras, el Ministerio de Hacienda ha abierto la puerta para que las empresas reclamen ese sobrecoste, pero no se ha comprometido hasta el punto de garantizar que todas ellas se vean resarcidas por la totalidad del gasto extra derivado de esta medida y, sobre todo, no ha configurado un marco estable que se pueda extrapolar a comunidades autónomas y corporaciones locales. Los contratistas se tendrán que batir el cobre en cada ámbito para ser resarcidas por la Administración.
La preocupación en el ámbito empresarial es patente. Por una parte confían en que el Ministerio de Hacienda cumplirá su compromiso y compensará a las contratistas más afectadas por la subida del SMI, pero por otro temen que en ausencia de un pronunciamiento oficial esa compensación se dilate o no se ejecute en todos los casos. De momento, CEOE ha recomendado a sus asociados que denuncien sus contratos para poder activar el mecanismo de resarcimiento.
