La reforma de la prevención del blanqueo ampliará las entidades consideradas ”banca privada”

Así, se incorpora una definición funcional y no cuantitativa, señalando además que los servicios de banca privada no necesariamente se han de prestar por una entidad con licencia bancaria, sino que por el tipo de actividad, pueden ser objeto de prestación por otro tipo de entidades financieras, debiendo todas ellas aplicar esas medidas de diligencia reforzada.

Así, el proyecto de Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales establece que los servicios de banca privada. Se entenderán por tales los servicios de, asesoramiento en materia de inversión de carácter recurrente y no ocasional y de gestión discrecional de carteras, referidas a grandes patrimonios, con independencia de la categoría de sujeto obligado que los preste.

Se incorporan nuevas precisiones sobre información que debe producirse y mantenerse por los sujetos obligados y, en particular, se determina de forma expresa la necesidad de la llevanza de un registro de operaciones que hayan sido objeto de examen especial por las entidades, consignando en el mismo los detalles de ese análisis y su resultado, a fin de permitir una más eficaz acción inspectora.

También se persigue el tratamiento de las intervenciones de moneda cuando existan sospechas de vinculación con el blanqueo de capitales pero no infrinjan la norma administrativa, que deberán siempre derivarse al ámbito judicial. Se mejoran los sistemas para la gestión de los fondos intervenidos y depositados en las cuentas de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el Banco de España.

La reforma prevé, además incorporar obligaciones más precisas y detalladas en materia de análisis de riesgos y elaboración de estadísticas. Ambas cuestiones, si bien aparecen contenidas en la vigente regulación, el Gobierno ha considerado que merecen un mayor grado de detalle, a los efectos de fijar un régimen claro y concreto, en línea con lo dispuesto en la Directiva 2015/849, de 20 de mayo, que transpone la reforma.

Así, los sujetos obligados, aplicarán, en función de un análisis del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida en aquellas situaciones que por su propia naturaleza puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En todo caso tendrán esta consideración la actividad de banca privada, las operaciones de envío de dinero y de cambio de moneda extranjera.

Así, se establece que los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de control. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.

También se regula que los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley.

Cuando existan indicios o certeza de vinculación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y el sujeto obligado razonablemente considere que la solicitud de información adicional pueda alertar al cliente de la existencia de una sospecha, podrá remitir la comunicación de operativa sospechosa al Servicio Ejecutivo de la Comisión sin completar el proceso de diligencia debida.

Cuando se aprecie la imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma, procediendo a realizar, cuando proceda, el examen especial.

Cuando las características de la relación de negocios impidan la terminación inmediata de la misma, se establecerán limitaciones operativas que restrinjan al máximo el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Estas medidas se prolongarán únicamente hasta el momento en que sea factible la terminación definitiva de la relación.

La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la terminación de la relación de negocios por imposibilidad de aplicar las medidas de diligencia debida previstas en esta Ley no conllevará, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún tipo de responsabilidad para los sujetos obligados”.

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