Bruselas desoye a Hacienda y ‘sentencia’ la declaración de bienes en el extranjero

Rechaza los argumentos de defensa del modelo 720 preparados por el Gobierno del PP y aboca la polémica declaración informativa al juicio de Luxemburgo

La Declaración Tributaria sobre Bienes y Derechos en el Extranjero, el controvertido Modelo 720 que obliga a los contribuyentes con un patrimonio superior a 50.000 euros fuera de España a declararlo ante la Hacienda Pública so pena de gravosas sanciones y que trae de cabeza a contribuyentes y asesores fiscales desde su aprobación en el año 2012, encara un futuro más que incierto después de que la Comisión Europea haya rechazado de forma tajante los argumentos aportados por el Gobierno de España para defender su encaje en la regulación europea.

Después de varios meses de tiras y aflojas y constatado que España no tiene intención alguna de modificar los aspectos que Bruselas considera contrarios al derecho europeo de la norma, fuentes conocedoras del proceso han avanzado que la Comisión prevé remitir el expediente al Tribunal de Justicia de la UE en las próximas semanas para que sea Luxemburgo el que determine de forma definitiva qué hacer con el que Cristóbal Montoro concibió como ‘brazo correctivo’ de la amnistía fiscal.

Todo empezó en noviembre de 2015, cuando la Comisión Europea remitió una ‘carta de emplazamiento’ al Gobierno de España ante la posible incompatibilidad con el derecho de la UE de los aspectos mencionados. El Gobierno contestó en febrero de 2016 con un escrito que pretendía resolver punto por punto las dudas de Bruselas. No lo consiguió.

El escrito elaborado por el Ministerio de Hacienda, al frente del cual estaba entonces Cristóbal Montoro, responsable de la aprobación del modelo 720, empezaba atribuyendo a Bruselas parte de la responsabilidad de las potenciales distorsiones de la declaración informativa, al asociar su origen al Memorando de Entendimiento firmado con la Comisión Europea en el marco del rescate al sistema financiero español.

Respecto a las críticas concretas, Hacienda defendía la ausencia de prescripción de las ganancias patrimoniales no justificadas por tratarse de deudas tributarias derivadas de bienes poseídos en el extranjero, que el Fisco español solo podría detectar por este canal, recordando además que el Derecho de la UE no regula la prescripción de las mismas. Por otra parte, negaba la supuestamente elevada cuantía de las sanciones y multas previstas y defendía su proporcionalidad con la situación que penalizan.

La réplica de Bruselas a los argumentos del Gobierno no tiene desperdicio. En relación a la referencia al Memorando de Entendimiento, la Comisión recuerda que éste planteaba la introducción de un sistema tributario “acorde con los esfuerzos de consolidación fiscal y más propicio al crecimiento”, pero que en ningún momento precisaba qué medidas debía tomar el Gobierno español y que por supuesto todas ellas deberían ser conformes al Derecho de la Unión, “con independencia de su trasfondo político”.

Respecto a la imprescriptibilidad, la Comisión le espeta al Gobierno que el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya amparado un plazo más largo en el caso de los bienes poseídos en otro estado miembro está muy lejos de significar que ese plazo pueda ser infinito.

El tono es más duro aún respecto al argumento gubernamental de la necesidad del modelo 720 para obtener una información de trascendencia tributaria a la que las Autoridades Fiscales no tendrían acceso de ningún otro modo y que Hacienda enarbolaba para justificar tanto la imprescriptibilidad de las deudas tributarias afloradas como la dureza del régimen sancionador. La Comisión Europea argumenta que las directivas europeas de intercambio de información y cooperación administrativa proporcionan medios más que suficientes para obtener esa información a fin de liquidar los impuestos correspondientes.

Pero no se queda ahí. “Aceptar lo contrario equivaldría a admitir que, antes de la introducción del Modelo 720, la Administración Tributaria española había sido incapaz de liquidar impuestos en aquellos casos en que los contribuyentes mantuvieran bienes en el extranjero y no notificaran la renta correspondiente”, recalca el Dictamen, que continúa con un torpedo a la línea de flotación de la política fiscal de España. “Cabe añadir que España implementó la normativa relativa a la Transparencia Fiscal Internacional referida a sociedad extranjeras controladas por capital español. Si el legislador español introdujo esta normativa y la ha mantenido en vigor durante más de 20 años, cabría esperar que la Administración Tributaria española fuera capaz de determinar los impuestos en el caso de los activos poseídos en el extranjero“.

Más presión para llevar el asunto a Luxemburgo

El Gobierno de Mariano Rajoy despreció durante cerca de un año y medio la amenaza latente desde febrero de 2017 de que la Comisión Europea terminara llevando el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y todas las potenciales consecuencias que una resolución contraria tendría para el Estado en forma de posibles litigios por las sanciones impuestas a través de un régimen considerado ilegal por Luxemburgo.

El nuevo equipo de María Jesús Montero tampoco ha mostrado interés alguno por tomar cartas en el asunto. Cuando trascendió el tirón de orejas de Bruselas el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Hacienda admitió que no estaba previsto abordar modificación alguna en el modelo 720 – de hecho Hacienda intentó ampliar su perímetro de actuación a las criptomonedas en su anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, ahora bloqueado por el fin de la legislatura – y situó la pelota en el tejado de Bruselas, aclarando, eso sí, que el proceso no estaba concluido y que éste podría resolverse con un archivo de la causa – muy improbable – o su remisión al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El proceso impulsado en su día por los asesores fiscales Alejandro del Campo (DMS Consulting) y Esaú Alarcón (Gibernau Asesores) enfila ahora su recta final, según avanzan fuentes conocedoras del proceso. Ante la inacción de Bruselas durante los dos últimos años, Del Campo ha solicitado el amparo del Ombudsman de la UE (una suerte de Defensor del Pueblo) y parece que sus buenos oficios podrían desbloquear el proceso y elevarlo al Tribunal de Justicia de la UE en las próximas semanas.

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